Francia fue uno de los primeros países en Europa en contar con una ley contra la piratería, adoptando en medio del escándalo en el país vecino en 2010 un sistema de tres avisos. La norma, bautizada como Hadopi (las siglas de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sus Internet), iba a ofrecer a quienes se descargaban contenidos protegidos por el copyright en Francia la posibilidad de pensárselo tres veces antes de continuar haciéndolo. El tercer aviso supondría pasar a disposición judicial. Los reincidentes podían llegar a entrar en unas listas para no poder contratar internet durante una temporada de penitencia.
La norma, polémica y con una fuerte oposición entre la población, nació sin embargo casi condenada. Poco después de su entrada en vigor, un estudio de la Universidad de Rennes 1 apuntaba que la piratería había crecido un 3% en Francia y que la norma controlaba a una minoría. La ley se centraba en los usuarios que empleaban redes P2P, pero sólo el 14% de los internautas franceses que descargaban contenidos (según ese estudio) lo hacían empleando ese sistema. La descarga directa, como en su momento Megaupload (que creció notablemente en número de usuarios), o el visionado por streaming (su entonces hermano Megavideo), no están controlados por Hadopi.
Dos años después de entrar en vigor, el organismo responsable de su aplicación ha hecho balance de sus actuaciones. Hadopi ha localizado tres millones de archivos que se han puesto a disposición de los usuarios en redes P2P, ha enviado 1.150.000 correos electrónicos por primeras infracciones y 100.000 emails nuevos tras reincidencia, tal y como recoge Le Monde. Según las estadísticas manejadas por el organismo, el 95% de las personas que han recibido un mensaje de aviso han dejado de descargar contenidos con copyright.
Sólo 300 infractores han recibido tres avisos, aunque su caso no ha pasado directamente a los tribunales, tal y como estaba previsto en un primer momento. Hadopi ha decidido añadir un cuarto paso en el que ellos mismos se ponen en contacto con los infractores que, si prometen no volver a reincidir, no pasan a la Justicia: según el organismo, muchos casos fueron, en realidad, causados por el desconocimiento. Sólo catorce personas volvieron a reincidir tras el cuarto aviso.
Las cifras distan mucho de las previsiones lanzadas cuando se aprobó la ley. Las previsiones de la administración francesa estaban en que esos 14 internautas que pasasen a disposición judicial fuesen en realidad 50.000. La norma también preveía sanciones económicas: 1.500 y 3.750 euros para aquellos que descargase contenidos y entre 300.000 euros y hasta dos años de prisión para los que se lucrasen con ellos. Sin embargo, Hadopi no ha gestionado estos últimos dossieres (según la información que publica Le Monde el 30% de los afectados por la norma sólo descargaron una película).
¿Seguirá con vida la polémica norma? Los socialistas – entonces en la oposición y ahora en el gobierno – estaban en contra de Hadopi, aprobada y creada por la administración Sarkozy. En 2008, cuando se empezaba a mover la norma, las estimaciones de gasto apuntaban a unos 6 millones de euros de cargo al Estado francés. El futuro de Hadopi no está claro. El ministerio de Cultura ya ha anunciado que quiere reducir el presupuesto asociado al organismo, mientras una comisión encabezada por el periodista Pierre Lescure reflexiona sobre su futuro.
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