David Drummond, vicepresidente senior del área Legal, de Políticas Públicas y Comunicación de Google, asegura en el blog que a diario su compañía “al igual que muchas otras compañías que ofrecen servicios online a los usuarios, recibe docenas de cartas, faxes y correos electrónicos de las agencias de gobierno y de los tribunales requiriendo el acceso a la información alojada en las cuentas privadas de los usuarios”.
Drummond afirma que la compañía de Internet “respeta la ley y no queremos que nuestros servicios se utilicen de manera dañina”. No obstante, recuerda que es igual de importante que la ley proteja al usuario de aquellas peticiones de carácter amplio cuyo objetivo es obtener información personal.
¿Cuál es la forma de actuar de Google? La política de la compañía al respecto contempla tres pasos:
Según el directivo, por un lado trabajan desde hace muchos años para actualizarse y adaptarse a las leyes al tiempo que lo hace la U.S. Electronic Communications Privacy Act. En este sentido, “la protección que aplica a los documentos que guardas en casa es la misma que se aplica a tus documentos en Internet”, afirma Drummond, quien añade que la política pasa por seguir trabajando en esta línea en 2013 a través de su participación en el Digital Due Process y otras iniciativas.
Por otro lado, la firma sigue un largo y estricto proceso en la gestión de este tipo de peticiones. En primer lugar se analizan éstas con detenimiento para estar seguros de que cumplen con la ley y con nuestras políticas. “Para que consideremos una válida, generalmente debe estar escrita a mano y firmada por un funcionario autorizado de la agencia que ha realizado la petición y expedido en virtud de la ley adecuada”, explica Drummond.
Además, valoran el alcance de la solicitud. “Si creemos que es una petición de carácter muy generalista –señala– podríamos rechazar ofrecer la información o pediríamos que estuviera más centrada. Hacemos esto de manera muy frecuente”.
Y, es más, notifican a los usuarios que se puedan ver afectados por estas peticiones de manera que puedan contactar con la entidad que está requiriendo dicha información o consultar a su abogado. Aunque, puntualiza el directivo, a veces nos es imposible porque nos lo prohíben legalmente o porque no tenemos la cuenta del usuario verificada”.
Finalmente, Drummond asegura trabajar “muy concienzudamente” para ofrecer a los usuarios de manera transparente las peticiones que les llegan por parte de los gobiernos.
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