Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el tema del derecho al olvido en los buscadores, ese que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el pasado mayo mediante una sentencia, la cual permite a los usuarios solicitar que los motores de búsqueda eliminen determinados resultados de consultas que incluyen sus nombres si consideran que vulneran sus derechos de privacidad. Pues bien, hoy vamos a volver a tocar el asunto, porque resulta que en las últimas horas Google ha publicado un extenso documento con todas sus respuestas a preguntas sobre el tema realizadas por los reguladores europeos.
En él los del buscador relevan información bastante interesante, por ejemplo estadísticas relacionadas con las peticiones de derecho al olvido. A este particular, Google explica que hasta el 18 de julio han recibido más de 91.000 solicitudes, pidiendo en total la retirada de los resultados de más de 328.000 URLs, y quedando el desglose por países para los seis cuyos ciudadanos más peticiones les han hecho llegar tal que así:
- Francia: 17.500 peticiones, solicitando la retirada de 58.000 URLs
- Alemania: 16.500 peticiones, solicitando la retirada de 57.000 URLs
- Reino Unido: 12.000 peticiones, solicitando la retirada de 44.000 URLs
- España: 8.000 peticiones, solicitando la retirada de 27.000 URL
- Italia: 7.500 peticiones, solicitando la retirada de 28.000 URLs
- Holanda: 5.500 peticiones, solicitando la retirada de 21.000 URLs
Por otro lado, cerrando el círculo de las estadísticas, la multinacional comenta que han removido de los resultados aproximadamente un 53% de direcciones web del total de URLs para las que recibieron solicitudes de eliminación, que de ese total de URLs que se pidieron eliminar en un 15% de los casos exigieron a los solicitantes más información, y que el 32% de las mismas finalmente no fueron retiradas.
Las dificultades
Obviamente 26 preguntas, que son las que Google responde en el documento que nos ocupa, dan para mucho y por lo tanto en él se tocan muchas cosas más que estadísticas relacionadas con las peticiones, siendo una de las más interesantes los problemas y desafíos a los que se están teniendo que enfrentar para cumplir con el derecho al olvido de forma equilibrada (es decir, equilibrar el derecho de los individuos a la intimidad con el derecho de la sociedad a la información).
Sobre esto, el mastodonte de las búsquedas recalca que les cuesta mucho dilucidar si deben eliminar o no URLs porque a menudo les falta la información suficiente para hacerlo de manera ponderada. Afinando más, argumentan que por lo general tienen que confiar en la información proporcionada por el solicitante, y eso da lugar a errores porque han detectado que algunas de las solicitudes se realizaron con información falsa e inexacta, o que en otras los solicitantes obviaron dar información relevante que les perjudicaba.
Además, a lo anterior hay que sumar que la normativa reconoce y define el derecho al olvido, pero al mismo tiempo es muy vaga y deja sin responder cuestiones vitales que ellos están intentando solventar. Algunos ejemplos: ¿hasta dónde llegar el derecho a la privacidad de una figura pública?, ¿deben eliminar URLs de sitios que lleven a información publicada por un Gobierno?, ¿Qué debe cumplir exactamente un contenido para considerarlo de interés público o no?…
¿Es posible el derecho al olvido en la era de la información?
Ante todo lo expuesto, y el resto del texto, la pregunta capital que emerge con fuerza es si en plena era de la información simplemente es posible que los ciudadanos hagan valer su derecho al olvido sin cercenar otros igual de importantes (o más dependiendo a quién se le pregunte).
La respuesta que va ganando peso es que no, que ante un volumen tan ingente de información circulando continuamente, los intereses personales más allá del de la privacidad, y las complejas cuestiones políticas, legales y morales implicadas, lograr dar con un proceso equilibrado que permita a los ciudadanos hacer valer su derecho al olvido sin machacar otros se torna algo imposible.
Sólo esperamos una cosa: que al final el remedio no sea peor que la enfermedad, que por intentar que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al olvido la libertad de expresión y el de información, ambas cosas vitales, queden tocados. No siempre se puede tener todo, y todo apunta a que no nos va a quedar otra que seguir cediendo privacidad en favor de las múltiples ventajas que nos ha traido la era de la información en la que estamos inmersos (intercomunicación constante, fácil acceso a la información, libre circulación de la misma etc).
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