Por el mes de abril de este año, con 534 votos a favor, 25 en contra y 58 abstenciones, el pleno de la Eurocámara aprobó fijar el día 15 de diciembre de 2015 como la fecha en la que eliminar el roaming, ese recargo que las operadoras europeas le calzan a los usuarios por utilizar el móvil en el extranjero, tanto para llamadas como para mensajes o al conectarse a Internet. Pues bien, tras eso, ahora resulta que la presidencia italiana ha presentado una propuesta de compromiso en la que dan a entender que la entrada en vigor de la medida debería retrasarse.
Entrando en detalles, Italia dice en el texto de compromiso que la fecha de la desaparición del ‘roaming’ en la zona euro “debe definirse y es una cuestión política significativa”, cuando como hemos visto ya estaba definida por la Eurocámara, de lo que se desprende que están sugiriendo un posible aplazamiento.
Además, también proponen en el mismo texto que la supresión del roaming se ejecute de manera progresiva y no de golpe como estaba previsto, y dicen que “para hacer frente a las preocupaciones de varios Estados miembros sobre la introducción de este principio en un futuro próximo”, la legislación debe contemplar un “mecanismo de salvaguarda”, concretamente lo que se conoce como el principio de “uso razonable”, que busca evitar que los usuarios puedan abusar de la nueva norma (por ejemplo, comprando un teléfono/tarifa en X país donde los precios son más bajos que en aquél otro país donde luego se usará siempre).
¿Qué pasará finalmente? Nadie lo sabe, porque aunque la Eurocámara ya ha manifestado de forma velada que no están por la labor de cambiar la fecha de entrada en vigor de la prohibición del roaming, en política puede ocurrir cualquier cosa, más si hablamos de ella a nivel europeo y tenemos presente que Telefónica, France Telecom, Deutsche Telekom y resto de grandes operadoras con presencia en la UE andan haciendo lobby contra la medida (argumentan que la supresión del ‘roaming’ haría caer significativamente sus ingresos, provocando entre otras cosas un recorte de las inversiones necesarias para desplegar nuevas infraestructuras de fibra óptica y similares).
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