FACUA, la organización de defensa de los derechos de los consumidores ha denunciado a la compañía creadora de la red social de microblogging Twitter Inc y a su filial en España por “atentar contra la libertad de información al borrar tuits y suspender cuentas”. La denuncia la ha realizado ante las autoridades de protección al consumidor (las autoridades autonómicas de consumo y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) por “incurrir en cláusulas abusivas”, como indica en un comunicado hecho público en el que afirma que “la red social se arroga la facultad de suspender las cuentas de los usuarios y censurar sus mensajes aunque contengan informaciones veraces que no vulneran legislación alguna”.
FACUA explica en sus denuncias que con sus prácticas, Twitter vulnera el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Código Civil y la Constitución Española. “Las denominadas ‘reglas de Twitter’ y sus ‘condiciones de servicio’, esto es, las cláusulas contractuales que impone a sus usuarios, vulneran los artículos 82, 85, 86 y 87”, advierte FACUA. “La empresa vincula el contrato a su voluntad con una clara situación de desequilibrio entre las partes y priva a los usuarios del derecho a la libertad de expresión y al de difundir información veraz”, continúa el texto.
“Twitter se reserva el derecho de eliminar tu cuenta de inmediato sin notificación adicional si infringes sus reglas”
La compañía denuncia que Twitter indique en sus condiciones de servicio que puede cambiar la forma y naturaleza de sus servicios o dejar de prestarlos sin informar con antelación a los usuarios. “Además, se reserva el derecho de establecer límites sobre el uso y almacenamiento según su único entender, en cualquier momento y sin previo aviso”, añade. “Twitter se reserva el derecho de eliminar tu cuenta de inmediato sin notificación adicional en caso de que, a su juicio, infrinjas estas Reglas o los Términos de servicio”, afirman desde FACUA.
Una de las prohibiciones establecidas, señala el comunicado, es la de difundir información “privada“, “de la que Twitter pone cuatro ejemplos pero no los cierra, dejándose a su libre interpretación qué tipo de contenidos incurrirán en ello”. “No se plantea, por tanto, que dicha información definida ambiguamente como ‘privada’ sea exclusivamente la que vulnere lo establecido en la normativa de protección de datos del país del usuario, con lo que se le genera una situación de indefensión ante posibles decisiones arbitrarias de Twitter a este respecto”.
“Twitter plantea una medida absolutamente desproporcionada, como es la suspensión unilateral del contrato y sin notificación previa ante la difusión de un mensaje que, a su juicio, contenga información ‘privada’ o de otro tipo que supuestamente vulnere sus ‘Reglas’, así como el desarrollo de otras actividades que supuestamente las contravengan”, reza el comunicado. Es decir, la compañía no plantea mecanismos de notificación al usuario para argumentarle de una posible vulneración de sus reglas “de manera que se le dé la posibilidad de rebatirlo y, tras ello, valorar por ejemplo si procede o no al borrado del tuit o tuits objeto de la controversia. Es más, Twitter ni siquiera establece como medida ante dicha vulneración la eliminación de los tuits en cuestión, sino la de la propia cuenta”.
Desde FACUA ejemplifican estas prácticas con el caso ocurrido a su propio portavoz, el periodista Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW), quien vio cómo se suspendía su cuenta el pasado 18 de noviembre debido a que tres meses antes había informado de un fraude telefónico. “Sánchez recibió un mensaje de correo electrónico en inglés desde la cuenta support@twitter.com en el que se le indicaba que su cuenta había sido suspendida ‘por difundir información privada de un individuo”, afirman desde la organización.
“Twitter –concluye el duro comunicado– incurre en estas prácticas anticonstitucionales de censura al tiempo que no establece protocolos de control y colaboración con las autoridades ni con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante la existencia de numerosos perfiles desde los que se difunden contenidos pedófilos, homófobos, xenófobos o se hace apología del fascismo”.
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