Hace unos días, tuvimos ocasión de charlar con Álvaro Écija, socio director de Ecix Group (firma jurídica especializada en ciberseguridad y cumplimiento normativo) y profesor del Máster de Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Carlos III. Durante la charla, Écija reflexionó sobre la importancia de abordar los problemas digitales desde el propio ámbito digital: “Un ciberproblema no tiene ámbito físico, y requiere de una cibersolución [...]. El problema del ciberespacio es que es un nuevo mundo que ha puesto patas arriba los estados y el Derecho: no tiene territorio, y por ello los estados no tienen capacidad para legislar ni para perseguir judicialmente los delitos”.
¿Un ejemplo práctico de ‘cibersolución’? “Los conflictos en torno a los dominios de internet: las reglas en torno a los dominios no dependen de un ámbito territorial, sino que se estructuran sobre la base de unas cibernormas (que no son leyes). Las denuncias por robos de dominios se solventan recurriendo a un cibertribunal de arbitraje que resuelve el conflicto, confirmando o reasignando la titularidad del dominio.
Una nueva privacidad
Otro de los temas abordados fue el de la privacidad. Para Écija, “la privacidad es un derecho territorial que poseen los ciudadanos en la medida en que residen en un país cuyas leyes le conceden ese derecho”. Un derecho que, entiende, se diluye al saltar al ciberespacio (por ejemplo, en el momento en que nos registramos en redes sociales cuyos términos de uso entran en conflicto con la legislación de nuestro país): “La ciberprivacidad debe ser regulada teniendo en cuenta que tiene unos matices diferentes de la privacidad regulada territorialmente, y que generacionalmente los usuarios no la usan igual: el uso que hacen de ella los jóvenes hoy en día es muy diferente al que queríamos proteger hace 20 años, porque voluntariamente se hacen fotos y las suben. El bien jurídico a proteger ha cambiado porque ha cambiado el mundo”.
¿Quién podría proteger entonces esa ciberprivacidad? Pues organizaciones supranacionales como la ONU -que sigue siendo territorial, de todos modos- o la ICANN, que ya se ha dotado de cibernormas de ordenación técnica del ciberespacio… pero que también regula los conflictos entre dominios, que no son un asunto técnico, sino cívico y social”.
El caso Uber
Para terminar, charlamos también sobre la reciente polémica en torno a Uber: “Uber es un intermediario en el ciberespacio que pone de acuerdo a dos personas y ahora un juez ha decidido que las ‘fronteras’ de los ISP no dejen pasar a esa aplicación”. Vaticina que “será legal o no, pero va a generar debate: que la actividad -territorial- de conducir sin permiso es ilegal en España es una obviedad, pero la ilegalidad de la app Uber está aún por ver. De momento se le ha limitado la libertad de empresa”. Écija plantea un paralelismo para explicarlo, valiéndose de una polémica que envolvió hace tiempo a las grabadoras VHS: “Se planteó que debían ser ilegales por ser un instrumento necesario para copiar películas… pero finalmente se dictaminó que sólo era ilegal el acto de copiarlas. Desde mi punto de vista, Uber es sólo el instrumento de una actividad ilegal”.
Canon AEDE, cierre cautelar de Uber… “si España y sus autoridades siguen poniendo tantas trabas a la actividad digital, vamos a generar tantas barreras de entrada que las empresas globales van a renunciar a tener actividad aquí: España es un país que no da garantías a las empresas que generan cierta riqueza”.
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