A medida que el imperio de Uber se expande, también lo hacen sus problemas legales y sus disputas con las autoridades. El último episodio de esta saga, que parece interminable, ha tenido lugar en la vecina Francia, en concreto, en París, donde los conductores de la compañía norteamericana se enfrentan a multas desde que arrancó el año.
En total, y según cifras de la policía parisina, más de cien conductores han sido multados desde el pasado 1 de enero, aunque no todos ellos han sido penalizados por utilizar Uber; el dato incluye también a los conductores de otras aplicaciones similares.
Estas sanciones llegan de la mano de la conocida como Ley Thévenoud, que declara ilegal la aplicación UberPop desde el pasado 1 de enero y establece multas de varios miles de euros y penas de entre uno y hasta dos años de cárcel a quien incumpla la legislación. No obstante, desde Uber aseguran que las sanciones impuestas a sus conductores todavía suponen pequeñas cantidades de dinero en comparación con los mencionados importes.
La normativa sentencia que todos aquellos conductores que cobren por prestar sus servicios a los pasajeros deberán contar con una licencia (se calcula que una de taxi puede costar hasta 300.000 euros en Francia) y un seguro específicos para ejercer dicha actividad. Y los legisladores franceses ya se han encargado de dejar claro que UberPop no cumple con estos requisitos.
En declaraciones a Bits, el blog sobre tecnología del New York Times, un agente de la policía francesa llamado Pierre-Étienne Hourlier ha señalado que la guerra contra los taxis ilegales no es novedad en Francia, si bien es cierto que el fenómeno Uber la ha llevado a dimensiones nunca antes vistas.
“La mayoría de las personas a las que detenemos no tienen antecedentes penales y se sienten muy sorprendidos, especialmente porque la información que Uber les ha proporcionado previamente resulta muy vaga”, aseguró Hourlier.
Allá donde llegan sus servicios, Uber suele despertar la desconfianza y el enfado del gremio de taxi, que le acusa de competencia desleal y, con frecuencia, lleva aparejada la persecución por parte de las autoridades, que dicen que los servicios de la compañía no cumplen con los requisitos del sector. En países como España a las huelgas y paros convocados por taxistas les han seguido la apertura de expedientes sancionadores que, en el caso de Madrid, pueden conllevar sanciones de hasta 18.000 euros a conductores.
Foto cc: Joakim Formo
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