Desde la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica que tengo el honor de dirigir, leo la noticia de esta publicación en relación al editorial publicado en Boletic, revista de ASTIC (Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas), que “alerta sobre el lento avance de la modernización en España“.
No es estilo de esta unidad contestar a las opiniones, que en su derecho, vierten en los canales de información quienes deseen manifestarse, pero en este caso, dado que el editorial menciona el nombre y cometido de esta Dirección General, y que en ella prestan sus servicios con total dedicación, responsabilidad y pasión más de 100 personas amparadas por ASTIC, de hecho o de derecho, me animo a hacer algunos comentarios.
Un año después de que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) publicara un informe en el que las medidas de Administración electrónica suponen el 80% de los proyectos de modernización, es mucho lo que se ha avanzado. Los profesionales de las tecnologías de la información y de las comunicaciones han trabajado más que nunca en proyectos de cooperación y coordinación en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica (CPCSAE) y su trabajo ha sido puesto en valor de forma preferente. Además han colaborado con el CIO de la Administración, prestándole su ayuda a la vez que su tiempo y su trabajo para intentar sacar adelante proyectos y objetivos.
He visto como la cooperación interdepartamental ha sido el instrumento eficaz para poder realizar proyectos como Cl@ve, llevado a término con el esfuerzo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (DGMAPIAE y AEAT) y el Ministerio del Interior (D.G. de Policía) en una colaboración sin precedentes. También Notific@, el proyecto de notificación electrónica que ha aunado a los grandes impulsores de los servicios electrónicos o la factura electrónica, que ha hecho único el esfuerzo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Otro ejemplo de colaboración es el Sistema de intercambio de registros, donde ya no sólo en la AGE, sino en todos los niveles de la Administración es una realidad, que dos comunidades autónomas, cientos de entidades locales y la Administración General del Estado intercambien centenares de miles de registros sin movimiento de papel.
En este último año, los ahorros a ciudadanos y empresas por el uso de los servicios electrónicos han sido de 16.136.585,488 euros, calculado con un modelo de medidas que no son “hipotéticos ahorros”, sino ahorros reales medios con un método que lejos de estar en “desuso” resulta ser el avalado por la Unión Europea, llamado Estándar Cost Model, validado además por el Consejo de Ministros el 11 de diciembre de 2009.
Pero, también, la Administración ha hecho grandes ahorros y podemos poner algunos ejemplos: la plataforma de intermediación, el ORVE que no usa ni imprime papel, los servicios en la nube que hacen que no sea necesario desarrollar sistemas propios, el portafirmas o la aplicación de actas, Corinto, REA, Notific@ y tantos otros.
Porque la Administración electrónica no es una refundación de las TIC y su aplicación, siempre instrumental, sino una política pública para llevar a buen puerto el proyecto de cambio, es una política compleja que lo impregna todo y que hace que se pase de una Administración reactiva a una Administración proactiva, de la licencia de la declaración responsable en un modelo de corresponsabilidad y cooperación ente administraciones (Emprende en 3), de una Administración oscura a una Administración transparente.(plataforma de la Ley de Transparencia), de una Administración lenta a una Administración ágil (SIR/ORVE, registro sin papeles que llega en 16 segundos a su destino), de lo estático a lo dinámico (@firma en movilidad), de lo complejo a lo sencillo (cl@ve) de lo confuso a lo diáfano (060 y PAG).
Todo son realidades llevadas a cabo por un equipo de personas que cada mañana se levantan pensando en cómo servir mejor al interés general. Son realidades que han tenido el reconocimiento de los ciudadanos: el 78% de los españoles perciben la Administración electrónica como muy buena, y también ha sido objeto de reconocimiento internacional con el premio de la ONU a la excelencia en el servicio público a la Plataforma de Intermediación de Datos en junio de este año. Con nuestro trabajo, España se ha colocado, en los dos últimos años, en el puesto 12 entre los 193 países de Naciones Unidas, situándose en el grupo de cabeza a nivel mundial. Y sigue manteniendo los puestos de cabeza, siendo la primera en muchos parámetros, en el ranking oficial de la Comisión Europea.
Todo esto nos llena de orgullo, pero, sobre todo, nos anima en nuestro trabajo, que nos hace sentir un gran equipo, identificándonos como colaboradores de un cambio que ya es una realidad. Estoy de acuerdo en que la Administración electrónica “no puede ser una digitalización de los procedimientos existentes” por eso, desde el principio, hemos trabajado en una norma única que regulará el procedimiento administrativo, con carácter básico, haciendo una conjunción de la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007, que sin duda será el marco en el que se desarrollará la Administración del futuro que ya ha atravesado nuestras puertas.
Me gustaría que mis comentarios sirvieran de contrapunto a una visión negativa, y para poder afirmar que, ahora, más que nunca, la modernización de la Administración va por buen camino y desde la DGMAPIAE, todos, con nuestro empeño, somos artífices de crear la Administración que siempre soñamos.
La autora de este artículo es Ester Arizmendi, directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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