La Comisión Europea de Competencia ha comunicado sus intenciones de abrir una investigación sobre las prácticas empresariales del buscador web más conocido a nivel global. Según una información publicada por Reuters, dos fuentes relacionadas directamente con el tema han desvelado que los reguladores europeos antimonopolio están preparando el terreno para demostrar si Google abusa o no de su posición dominante en el mercado de movilidad para imponer de forma anticompetitiva sus servicios, desde Google Maps hasta su popular buscador.
Los últimos estudios que han analizado la situación final del sector móvil después del segundo trimestre del 2014 han reflejado una posición muy favorable para la compañía de Mountain View que la sitúan en el primer puesto de la clasificación con un 85% de cuota del mercado de los sistemas operativos móviles, dejando a mucha diferencia atrás a sus principales competidores Apple con un 11,9% y seguido por Microsoft con sólo un 2,7% de cuota. La preocupación de los organismos reguladores de la Unión Europea coincide con el nuevo récord que la compañía del buscador ha obtenido recientemente, pero que muchos analistas no lo consideran un crecimiento natural sino más bien causado por la forma en la que la empresa se aprovecha de la posición en retroceso de sus principales competidores.
A esto se añade una ola de críticas por parte de los representantes políticos y ejecutivos de las compañías europeas. En abril de este año Mathias Döpfner, el CEO del grupo editorial alemán Axel Springer, publicó una carta abierta en un periódico alemán en la que afirmaba que la posición dominante de Google “daba miedo”, justificando al mismo tiempo la sanción que la Unión Europea dirigía a unas prácticas empresariales que, según Döpfner, “en círculos menos respetables se llamaría extorsión”.
Un cuestionario como arma de investigación
Todos estos factores han contribuido a las sospechas de la Comisión Europea de Competencia de que Google podría poner obstáculos a los fabricantes de smartphones que no estén de acuerdo con su política comercial. Después de cuatro años desde que se inició, esta nueva investigación abierta se realizará a través de cuestionarios enviados a las compañías para recabar información detallada sobre las condiciones de uso del software que fija la compañía del buscador en sus contratos con estas operadoras.
Según las fuentes de Reuters, en teoría las compañías pueden usar el software de la forma que quieran, pero si optan por la versión Android más reciente estas tienen que firmar un contrato que les requiere haber instalado un determinado número de los servicios de Google, entre estos el del buscador o de los mapas.
El mismo informe también apunta que las empresas cuestionadas tendrán que ofrecer a la comisión europea que investiga el caso los correos electrónicos, los faxes, cartas, notas a las llamadas telefónicas y reuniones desde el 2007 hasta la actualidad para establecer si se trata de un comportamiento a largo plazo. Las compañías tendrán que contestar las 40 preguntas hasta el principio de septiembre.
Del otro lado de los implicados Google contesta en una de sus declaraciones públicas:
“Todos pueden usar Android sin Google y Google sin Android. Tanto la Comisión Federal de Comercio de EE UU como la de Corea han examinado los acuerdos de Google sobre Android en profundidad y han concluido que no existen causas ante las preocupaciones legales”.
En cambio no pasa lo mismo en el caso de las políticas de los reguladores antimonopolio de Europa. En febrero Google intentó llegar a una resolución ante otra investigación de la Comisión Europea de Competencia, y aceptó mostrar los resultados de búsqueda de sus servicios de la misma forma que los de sus competidores. La decisión de Joaquín Almunia, el jefe de la comisión europea que examina el caso, se consideró muy débil y no fue suficiente para contentar a los rivales de la compañía.
Ahora el comisario de Competencia, cuyo mandato se acaba en octubre, dejará el puesto a otra persona que es muy probable que alargue esta batalla legal si sigue la corriente de las fuertes críticas surgidas últimamente con el objetivo de frenar la política de expansión de Google.
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