Recientemente, el Parlamento español ha aprobado la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que -entre otros asuntos polémicos- introduce en nuestro ordenamiento jurídico el llamado “canon AEDE” o “Tasa Google”. Como ya sabréis, esta figura consiste en un pago que Google (y otros agregadores de información online mucho más modestos, entre otros actores del mercado digital) deberá realizar a los medios de comunicación agrupados en torno a la AEDE. Así, finalmente han sido los editores de los medios quienes han conseguido el sueño que las operadoras de Internet llevaban tiempo acariciando (que los buscadores y los proveedores de contenidos les compensaran por “aprovecharse de sus redes”, por utilizar palabras del presidente de Telefónica, César Alierta).
¿Qué es la captura de rentas?
En uno y en otro caso, no estamos hablando de un pago fundamentad en la lógica de la oferta y la demanda y que AEDE o Alierta pudieran exigir legítimamente en base a la misma. De hecho, ambas reclamaciones no sólo violentan -en mayor o menor o grado- principios como el derecho a enlazar o la neutralidad de la red, respectivamente, sino que tienen como característica común que constituyen una clase muy particular de “sistema de redistribución de la renta” fundamentado en la capacidad de hacer lobby (a través de la presión política y/o de la mera amistad personal) sobre los legisladores que controlan el BOE, los cuales actúan para que a través de la acción del Estado puedan tener acceso a unos recursos que el mercado les ha negado. Este fenómeno, más propio del “capitalismo de amigotes” que del capitalismo productivo, se conoce como “captura de rentas” (en inglés rent-seeking). Suele ser usado por sectores económicos que han perdido (o corren el riesgo de perder) el favor del público, por falta de innovación o por no ajustarse lo que ofrecen a lo que los consumidores demandan.
El plan de AEDE
Así, los dueños de los grandes medios españoles, sumergidos en una crisis terrible de su sector, han optado por que la presión política les proporcione un (dudoso) balón de oxígeno a costa de compañías que, como Google y a diferencia de ellos mismos, apuestan de forma clara por la innovación constante: “Que la innovación de Google sirva para permitirnos a nosotros no innovar”, deberán pensar. La naturaleza parasitaria de tal política queda clara en el mismo momento en el que se establece que ningún medio podrá renunciar al cobro de la tasa (aunque sus contenidos sean copyleft)… pero que ese cobro sólo se realizará a través de una entidad de gestión (CEDRO) y los ingresos irán a parar a la propia AEDE. Parece ser que la prensa digital que apuesta por nuevos y más innovadores modelos de negocio también produce rentas a capturar.
Contra la competencia [desleal]
Pero existe otra clase de captura de rentas en la que, en lugar de parasitar a otros actores del mercado, el lobby tiene como objetivo obtener una posición de exclusividad sobre un sector o una idea. Así surgen las patentes de software (que, mientras los lobbies prosiguen su lucha por introducirlas en la legislación de la UE, en EEUU ya constituyen un sector económico en sí mismo… aunque no por su productividad, sino por la conflictividad legal que generan). Y surgen, igualmente, monopolios y oligopolios:
- Los de los taxis frente a Uber: su implantación en Europa no se ha visto frenada por un desinterés del potencial consumidor, sino por las presiones ejercidas por el gremio del taxi sobre los políticos para que éstos les mantuvieran en una posición libre de competencia.
- Los de los hoteles frente a Airbnb: en Nueva York existe una ley que impide alquilar una habitación por menos de 29 días aunque casero e inquilino estén de acuerdo en ello, y en España el alquiler entre particulares en época de verano ya ha sido colocado bajo la órbita de la normativa turística para evitar la “competencia desleal” (la misma excusa esgrimida por el sector del transporte en autobús en su fallida demanda contra Blablacar).
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