La Coalición Prointernet, que representa a cientos de cabeceras de medios, blogs, empresas, instituciones y organismos que forman parte esencial de Internet en España (TICbeat entre ellos), ha reiterado su petición al Gobierno para que paralice la aplicación de la nueva LPI, aprobada el pasado 30 de octubre en el Congreso de los Diputados, y “abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas”.
Con la luz verde a la nueva ley, realizada con la mayoría absoluta del PP (el resto de grupos votaron en contra), la normativa, que entrará en vigor en enero de 2015, establece una tasa, conocida como Canon AEDE (fue esta asociación, que engloba a los principales diarios españoles, la que lo impulsó) que grava a aquellos sites (agregadores de contenidos, blogs, etc.) que citen y enlacen a otros sites.
“La Coalición Prointernet denuncia que todo el proceso legislativo se ha realizado sin haber mantenido ni un solo contacto con las entidades afectadas, en un proyecto de ley que afecta a la libertad de expresión en vísperas de procesos electorales. Gracias a la movilización ciudadana y los grupos de la oposición, la Coalición ha logrado salvar el boicot informativo a una Ley que afecta a todos los ciudadanos”, reza un comunicado emitido por esta organización. En este sentido, hasta ahora el Gobierno del Partido Popular, “pese a haberlo solicitado de forma pública y directa”, se indica desde la Coalición, no ha mantenido ni un solo contacto con esta entidad. ”Por el contrario los grupos de la oposición, tanto en el Congreso como el Senado han mantenido permanente contacto con la coalición como base de su conocimiento del impacto y posterior oposición frontal a este Proyecto de Ley”, añade el texto de la Coalición en el que se pone de manifiesto que, por el contrario, ”el Gobierno y el Partido Popular, que se han quedado solos en la defensa de estos intereses, sí que mantienen su apoyo público y notorio (tanto con mensajes de apoyo expreso como con presencia institucional en todos sus actos) a los grupos editores que se encuentran detrás de este canon: AEDE”.
Hacia un ‘precipicio digital’
Esta situación se produce, recuerdan las entidades agrupadas en al Coalición, en vísperas de un periodo electoral, “por lo que el impacto ‘político’ de esta Ley se amplía al provocar antes de las elecciones el cierre de agregadores y medios digitales, lo que podría significar la eliminación de cientos de competidores digitales de los grandes diarios de pago. Desaparecerían precisamente los medios digitales que basan su actividad en la libertad de expresión no sometida a los designios o apoyos económicos del Gobierno”.
Por otro lado, como fruto de esta “excelente relación del Gobierno con los medios del Lobby AEDE, promotores de esta ley al dictado”, los ciudadanos usuarios de internet y los medios libres serán los que pagarán la subvención soterrada a medios a los que el Gobierno ha mostrado públicamente su apoyo en estas semanas, recuerda el comunicado de la Coalición.
Además, empresas españolas y multinacionales del sector ya han anunciado que cesarían sus actividades en España en el momento en que se pusiera en marcha. Esto supondría un “precipicio digital” y el primer caso de una democracia en el mundo en que se produce el cierre masivo de medios y agregados.
“La Coalición ProInternet quiere expresar su más rotunda protesta ante el impacto de esta Ley, y sobre el precipitado desarrollo legislativo de un proyecto que daña las libertades y el desarrollo de la economía en Internet, y que se lleva a cabo por el Gobierno sin realizar ni una sola reunión con los afectados. Un impacto gravísimo, que sumado a otros muchos aspectos de esta redacción lleva a nuestro país a un “precipicio digital” de enorme impacto para el desarrollo de la Sociedad de la Información”, finaliza el texto.
La Coalición Prointernet no es la única entidad que se ha manifestado en contra de la nueva ley y el Canon AEDE que incorpora. Otras entidades como la CNMC, CEOE AFI, etc. así como decenas de miles de ciudadanos ya han expresado y asentado en diversos informes el enorme impacto negativo de esta modificación de la LPI, que requeriría, dada su transcendencia, de mayor diálogo con los sectores implicados y una cuantificación de su impacto en las libertades y el mercado de Internet en España y en Europa. “Seguimos haciendo una llamada al diálogo y el análisis antes de modificar sustancialmente la realidad de Internet en España con enormes riesgos para las empresas, el empleo y la libertad de información de los ciudadanos”, sentencia el comunicado de la Coalición Prointernet.
Imagen: Shutterstock
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