Si todo ocurre como está previsto el próximo 22 de julio se aprobará la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en comisión con competencia legislativa plena, es decir, parece que no pasará por el pleno para su debate público. El documento al que se dará luz verde incorpora la implantación del llamado ‘canon AEDE’, una tasa que se impondrá a agregadores de contenidos en la Red (por ejemplo Google News, de ahí que este canon también haya sido denominado ‘tasa Google’), blogs, medios de comunicación digitales y, en definitiva, a cualquiera que tenga un portal en Internet y cite y enlace a otro site dentro del suyo.
Esta medida, apoyada por AEDE (la Asociación de Editores de Diarios Españoles) ha sido no obstante criticada por un amplio espectro de jugadores de la industria, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), además de numerosos medios de comunicación, muchos de los cuales se han unido en la Coalición Pro Internet para intentar paralizar la aprobación de dicho canon que, estiman, tendrá efectos muy negativos para el futuro de Internet en España y de los negocios digitales que emergen cada vez con más fuerza en nuestro país.
Es más, un reciente informe de AFI (Analistas Financieros Internacionales), realizado para la citada coalición [ver informe en PDF], asevera que la aprobación de esta medida tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas españoles, además de señalar que iría en detrimento de la eficiencia en la búsqueda de información, la libertad empresarial, la competencia y la seguridad jurídica.
¿Cómo estiman los expertos de la AFI esta cifra? Desde la Asociación han calculado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada si no hubiera agregadores, un tiempo que, indican, “se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas”. Es este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. En este sentido, en el informe aseveran que un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.
Un “fallo de mercado discutible”
Desde la AFI añaden, además, que la existencia del presunto “fallo de mercado” que la normativa pretende resolver es discutible, pues no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. “Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados”, añaden. Es más, los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. “Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario”, apunta.
Muestra de ello es que un centenar de publicaciones que hasta ahora no estaban presentes en Google News han solicitado esta semana darse de alta en el servicio con efecto inmediato, con el fin de aumentar su tráfico y llegar mejor a los usuarios. Los medios que han adoptado esta medida son revistas y diarios de la AEEPP que incluyen cabeceras de Galicia a Andalucía; de Extremadura a Cataluña; de Madrid, Aragón ó Canarias y cubren diversas áreas temáticas desde la información general, política, local, deportiva hasta la profesional y técnica, desde la energía a las telecomunicaciones, la salud o la construcción.
Los editores de dichos medios también han reclamado que se paralicen las modificaciones que el Gobierno pretende introducir en la LPI. Lógico si pensamos que, como señala el informe de AFI, si se aprobara esta medida podría verse resentida la estructura de mercado del sector editorial ya que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse si no hubiera este tipo de plataformas. “Una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias copyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores”, reza el documento.
Otros efectos colaterales
Ya en otro orden de términos, a una escala macroeconómica, los efectos de la aprobación de la normativa podrían ir, según AFI, desde la deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido, hasta la merma de los incentivos para la innovación tecnológica y empresarial relacionada con los servicios de información y comunicación, por no hablar de que éste sería un cambio normativo discrecional “en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España”.
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